Eduardo T. Corvalán Posse*
“Cuando estudiemos el pasado, no
juzguemos a los hombres desvinculados
de la época…Y veremos también cómo
Rosas, maldecido como tirano, realizó
consciente o inconscientemente, una
obra de unificación que permitió la
organización nacional”.
Alfredo L. Palacios (Socialista).
Algunos “historiadores” y escritores “amantes de la verdad histórica” que se han ocupado de Rosas y de su época en estos últimos tiempos, entre los “cargos graves” que le achacan al dictador, recuerdan a cada paso las mentadas “confiscaciones de bienes” y el “reparto de las tierras públicas entre miles de sus secuaces”. Vamos a dar por ciertas tales afirmaciones y se verá porqué decimos esto (1) ¿Sería ello un delito y un cargo que sólo a Rosas se le podría imputar en el país? ¿Sería, acaso, Rosas el único gobernante argentino que hubiera hecho tal cosa? ¿Sólo Rosas repartió tierras entre “sus secuaces”? ¡Evidentemente, no! ¿Entonces de qué lo acusan a Rosas? ¿Acaso de haber copiado o puesto en práctica un sistema que él no “inventó? ¿De haber hecho lo mismo que hicieron sus antecesores, sus enemigos, sus contemporáneos y los que le sucedieron en el poder? (2).
¿Debemos escandalizarnos y poner el grito en el cielo sólo cuando de
Rosas se trata?
Esos “historiadores” y escritores ¿no han leído, aunque no sea más que por
casualidad, o no han sido ilustrados por los “profesores” que tuvieron en las
aulas y a su paso por la Universidad, que, desde Rivadavia, pasando por el
general Lamadrid y acabando por el general Paz, todos ellos confiscaron bienes
en el país? Esos “historiadores” y escritores, ¿no han oído decir, que hubo
generales unitarios que malversaron los dineros públicos para repartirlos entre
sus secuaces y amigos “de la causa”, antes de subir Rosas al poder?
Veremos algo de la verdad que ocultan los “amantes de la verdad histórica”
y que pretenden hacer creer que el problema de la revisión de nuestra titulada
“historia” en lo que a la época de Rosas se refiere es un problema vinculado al
nazismo o relacionado con regímenes totalitarios.
Es un problema completamente distinto y que nada tiene que ver con ello. El
problema consiste en que nos han enseñado una “historia” que no refleja la
verdad de los acontecimientos y se pretende seguir con ella. Descubriendo el
engaño casi secular, éste se ha disipado como por artes mágicas y ya se nota en
todo el país, desde un tiempo a esta parte, la saludable reacción
experimentada. Esta acabará por imponerse a la mentira y a la insidia desde
Jujuy a Tierra del Fuego y significaría necedad y mala fe al derivar la
cuestión hacia caminos tenebrosos. Mal nombre ganarán con ello quienes lo
intenten esparciendo la venenosa especie de “que queremos volver a Rosas”. Lo
que queremos – y lo decimos de corazón – es “volver” a la verdad. Rosas habrá
cometido errores y tuvo defectos como la mayoría de los hombres, pero no es el
monstruo que nos han pintado desde la infancia los vencedores de Caseros.
¿Acaso no los cometieron y tuvieron los unitarios? ¿Por qué, entonces, sólo
Rosas debe estar sentado en el banquillo de los acusados? ¿O, sólo los
unitarios tenían “patente” para cometer toda clase de fechorías y “felonías que
ni el sepulcro puede hacerlas desaparecer”, según la clásica frase que usó el
general San Martín para condenarlas?
Pero entremos en materia.
Primeras
confiscaciones
Los primeros bandos sobre confiscaciones de bienes datan de la época de la
Revolución de Mayo y uno de los dictatoriales decretos de la Junta, establecía:
“A todo patrón de buque que conduzca pasajeros sin licencia del gobierno, irá a cadena por cuatro años y el barco
quedará confiscado. A todo individuo que se ausente de la ciudad sin licencia
del gobierno, le serán confiscados sus bienes”.
Como se ve, por el sólo hecho de ausentarse sin permiso, el ciudadano
perdía todos sus bienes.
En el año 1812, el Triunvirato, del cual formaba parte don Juan José Paso,
Feliciano Chiclana y Manuel de Sarratea, sigue lanzando bandos y decretos en
los cuales no faltan los correspondientes articulados sobre confiscaciones de
bienes. En el decreto del 12 de enero de 1812, entre otras cosas, decía: “…respecto
de todo se tomará razón exacta, y la propiedad de Ud. como cualquiera otra
legítima será inviolable, pero la más
mínima infracción, renuncia, efugio u ocultación a más de poner su casa en
rigurosa requisición, precipitará a Ud. a una muerte civil. Los bienes, los
hijos, la esposa, el suelo y los derechos que le han dispensado hasta ahora
este país, desaparecerán para su persona, en fuerza de la necesidad de su
conservación…”.
Además, los habitantes del país debían denunciar si tenían bienes en dinero
o en especies “pertenecientes a sujetos de la España, Brasil, Montevideo,
etc.”, “dentro del perentorio término de 48 horas contadas desde la publicación
del Bando, y si no lo verificasen y se les descubriese alguna pertenencia no
manifestada, se les confiscará
irremisiblemente la mitad de sus bienes propios e incurrirá en las penas de
expatriación y privación de todos los derechos de ciudadano, patria potestad y
demás que dispensa el suelo y la protección del Gobierno del país”.
¿Acaso no es el general Lamadrid, en sus andanzas de unitario, el que
confisca en la provincia de Mendoza, al
asumir el mando con facultades extraordinarias? “¿Cuál fue el uso que hizo
Lamadrid de esas facultades extraordinarias?”:
“Nombra su ministro general a don Benjamín Villafañe, y comisario de guerra
a don Jerónimo Villanueva. En el acto dio
un bando, ordenando la entrega de los bienes de todos los enemigos políticos,
debiendo las personas que tuviesen a su cargo dichos intereses, presentarlos
dentro de las 24 horas, so pena de perder a su turno todos sus bienes y ser
castigadas “con una severidad inflexible”, incurriendo en una igual pena el que
no delatare a los infractores. Como se ve es el mismo sistema que tanto
criticaban: Aldao y Lamadrid proceden, como gobernantes, de igual manera,
empleando iguales medios y hasta idéntica fraseología. Ordena igualmente se levanten “listas de clasificación”,
anotando a los federales o a los prófugos; establece minuciosamente
registros en todas las casas y propiedades de los clasificados, so color de
recoger el armamento oculto. La pena a los infractores era la de la época: confiscación de todos los bienes y
servicio militar en los cuerpos de línea. En seguida ordena se incorporen al
ejército todos los hombres de 15 años a 50, estableciendo
que el que no concurra será reputado enemigo y, por ende, se incluirá en los
“clasificados”, con la respectiva confiscación de bienes, etc.”.
“Decididamente, el pueblo mendocino no ganaba para sustos; colorados y
celestes, eran el mismo fraile con distintas alforjas. Los “libertadores” no
tenían casi sino borrar la firma de los decretos de la época del terror y
suscribirlos, sin variar coma; ¡esa era la “libertad” que implantaba el partido
unitario, apenas alcanzaba a gobernar una provincia argentina!”
“Pero Lamadrid fue más allá. No contento con el arsenal de Aldao, lo superó, creando una especie de
“consejo de los diez”, bajo el nombre de tribunal militar. Su jurisdicción fue
sencilla: “para que entienda y decida definitivamente en todos los negocios
que, por su naturaleza, sean incompatibles con las inmensas atenciones que
rodean al ministerio en las presentes circunstancias”. Dicho tribunal se compuso
del comandante Fernando Rojas, como presidente, y los comandantes Simeón Dávila
y Vicente Herquiñigo, como vocales, actuando como secretario el capitán
Gregorio J. Quirno. Más adelante Lamadrid agregó como vocales civiles a don
José María Álvarez y don Eusebio Blanco, siendo después Álvarez reemplazado por
don Tomás Ignacio Santa Ana. (Siguen los nombres). Este tribunal desplegó una
actividad terrible: instalado en septiembre 6, el día 7 requiere copia de todo
decreto o bando, se adjudica una guardia militar, organiza un cuadro de
ayudantes y a las pocas horas choca con el estado mayor, quien se resiste a su
jurisdicción invasora: no había concluido el primer día de su
instalación y ya dictó dos sentencias, condenando a muerte a dos ciudadanos; al
día siguiente prosigue sus trabajos, haciendo ejecutar a diez y siete más: como
se ve, las tablas de sangre mendocinas se inauguraban bien. Ese mismo día 8, se ocupó el tribunal de hacer
efectiva la confiscación de los bienes de
los que no tuviesen patente limpia de unitarios, y asegura el ministro “que
pondrá todo su conato en hacer que las disposiciones
superiores sobre confiscación de bienes no sean ilusorias, y ordena hacer
efectivas listas de contribuciones forzosas a recaer en todo federal”. Añade
que, firme en esa resolución de hacer cumplir a todo trance los decretos y
disposiciones del gobierno, precisa ya en el momento poder contar con doce
barras de grillos”.
“El ministro Villafañe señaló el día 12 de septiembre, a las 4, para que
los “clasificados” oblaran las contribuciones, permitiéndoseles tan sólo
entregar parte de su valor en caballos o efectos. Las confiscaciones llovieron
como diluvio sobre toda persona rica o tibia, ni los curas se escaparon.
Asimismo, Lamadrid no obtenía abundante dinero ni los artículos que necesitaba.
El 14 de septiembre prorroga por otras 48 horas el término para pagar la
primera contribución de guerra, y llena una segunda lista de “clasificados”,
admitiendo animales en pago hasta la mitad de la cuota fijada. Como si todos los vecinos pudientes
estuviesen prófugos, el tribunal militar se arrojó sobre sus señoras, y sin
respetar sexos, hizo poner grillos a las damas más respetables de Mendoza, como
a la señorita hija de don Agustín Videla”.
“¿A qué seguir? Aquel tribunal marcial oía y resolvía sobre el tambor, a la
menor denuncia; la sentencia era: “condena
a la pena de 400 azotes, estirados sobre un burro, debiendo recibir 100 en cada
uno de los ángulos de la plaza pública el día de mañana, y se le destinaba
a los cuerpos de línea por todo el tiempo que dure la presente guerra”. “Otras
veces, cuando eran muchos los acusados e influyentes los delatores, la
sentencia era “que se sorteen y uno de ellos sufra la pena de muerte, y los restantes
presencien la ejecución, que deberá ser en la plaza en día de mañana, y en
seguida 200 azotes”. “Las sentencias de palos y azotes era moneda
corriente, y los sentenciados a muerte eran pasados por las armas en la plaza
pública”.
“No es de extrañar, pues, que con semejantes procedimientos. “Mendoza, como
San Juan, ofrecía el aspecto de un pueblo desolado”. “Tal lo ha confesado medio siglo después en entonces ministro de
Lamadrid, Villafañe, agregando: “nadie se atrevía a acercársenos” (3)
Así y todo, lo relatado no se enseña en las escuelas ni es comentado por
los “historiadores amantes de la verdad” ni por los detractores de Rosas. ¿Por
qué?
¿Acaso no es el Gral. Rivera, aliado de los “civilizados” unitarios, el que
ordena y declara: “…confiscados todos los
bienes de los habitantes de la campaña que se hayan prestado a formar parte de
los salvajes enemigos de la humanidad”? (Se refiere a los federales).
¿No es acaso el gobernador unitario de la provincia de Tucumán, don B.
Piedrabuena, el que le escribe al gobernador de Salta, don M. Solá, con fecha
29 de julio de 1840, lo siguiente?: “Me dirijo en el acto de oficio, reclamando
el embargo de las mulas de Carranza, socio de Ibarra. Le ruego como amigo, y
como gobernador de Tucumán le reclamo, que no deje transportar esas mulas. Los
bienes de Ibarra deben servirnos para reparar los daños que Ibarra les ocasione injustamente a nuestros
paisanos. Sería lo más ridículo de este mundo, que Ud. contribuyese a que se
salven los bienes de este bribón y queden impunes sus atentados”.
Como se ha visto, todavía no estaban ocasionados los daños por Ibarra, y ya
los angelicales unitarios tomaban sus precauciones.
Con fecha 21 de octubre de 1840, el ministro Piedrabuena insiste en estos
términos: “Pienso que los bienes de Ibarra y los de todos aquellos a quienes se
encuentren con las armas en la mano, deben servir para indemnizar a esta
provincia y a la de Salta de los gastos hechos en una lucha que no hemos
provocado. Las leyes de guerra, los principios universalmente recibidos del
derecho de gentes, nos autorizan para
apoderarnos de esos bienes”. (Los unitarios “estaban autorizados” para
apoderarse de los bienes de sus enemigos; los federales, no).
“Tal era –dice Quesada-, en su cruda desnudez, la doctrina y la práctica
unitaria en materia de confiscaciones como resultante de la guerra civil:
Rosas, en su famoso decreto de embargos, de
septiembre de aquel año – provocado, por lo tanto, por esas declaraciones -,
fue mucho más moderado y prudente. Ese era el criterio de la época: unos y
otros procedieron de igual manera, y por eso la posteridad ha cesado de repetir
la fraseología unitaria de los hombres que, desde el extranjero, arrojaban
sobre el partido federal todo el lodo posible, motejándole de tiranía horrible,
y presentándose a sí mismos como víctimas inocentes: verdadero cordero pascual
perseguido por el lobo horrendo, que se llamaba Rosas… Hoy tal lenguaje de
melodrama ha dejado de impresionar a los incautos; se estudia aquella época con
criterio objetivo y se reconoce que, en esa lucha horrible, unos y otros
echaron mano de toda clase de medios, de modo que no hay tales lobos ni tales
corderos, sino hombres de ideales distintos que querían a todo trance imponer
la convicción propia, siquiera – como decía Agüero – “a palos”.
¿Acaso no es el general unitario José María Paz, el que confisca bienes en
la provincia de Entre Ríos? Esto no es una invención rosista.
El general don Pedro Ferré, enemigo de Rosas y aliado del general José
María Paz, dice al respecto lo siguiente:
“Luego que el general Paz pisó el Entre Ríos, empezó a confiscar de un modo informal, sin más averiguación que
los informes de los adulones, que nunca faltan en casos semejantes,
contrariando así la opinión del gobierno y la que, por su parte, me había manifestado
y asegurado sostener. Don Antonio Madariaga y el general don Ángel Núñez fueron
sus comisionados para su ejecución”. (Ferré. “Memorias”)
Más adelante, agrega: “A mi llegada al Paraná, la primera queja que me dio
el gobernador Seguí fue que el general Paz, a nombre del gobierno de
Corrientes, había hecho confiscar los
bienes de varios vecinos pacíficos de algunos pueblos de la provincia, sin más
motivos que ser clasificados vagamente por enemigos de la causa que
sosteníamos”. “…Estos despojos a nada sirvieron, mientras tanto quedaron
algunas familias en la indigencia, las chinas del ejército pisaban el suelo con
medias de seda de patente y los soldados jugaban efectos de quincallería con
los naipes finos que les repartía. Todos eran ya facultados para repartirse los
bienes ajenos” (Ferré. “Memorias”).
Como se ha visto, Lamadrid, Rivera, Piedrabuena, y el general Paz y otros
que no es necesario citar, que no eran dictadores ni tiranos con y sin
facultades extraordinarias, disponían a su arbitrio y antojo de los bienes
ajenos como si fueran propios.
Creo innecesario extenderme más sobre las mentadas confiscaciones
atribuidas sólo a don Juan Manuel de Rosas por sus eternos detractores.
El reparto de
la tierra pública
Los “historiadores” y escritores “amantes de la verdad histórica”, que sólo
tienen lengua para condenar a Rosas con motivo del reparto de la tierra pública
con que Rosas premiaba los servicios militares prestados a la Provincia y no a
él, que era además Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación
Argentina, con la suma del poder por la Ley, guardan un sugestivo silencio
cuando se trata de condenar los repartos de tierras y las malversaciones de
fondos públicos con que los angelicales unitarios premiaban a sus secuaces.
Hemos de apelar – como siempre lo hacemos – al testimonio de enemigos de
Rosas para que no se crea que la pasión nos guía o que inventamos algo.
Veamos como procedían las legislaturas de hombres libres y que no eran
adulones ni serviles y en qué perdían el
tiempo.
Dice el general Ferré en las ya citadas “Memorias”, lo siguiente
refiriéndose al angelical Lavalle:
“A fines de 1840 se reunió el congreso general de la provincia, porque
cesaban entonces las facultades dadas al gobernador para la guerra. De los representantes que se reunieron en
sus dos terceras partes, con arreglo a la Ley, la mayoría se componía de
partidarios de Lavalle, extraños a la provincia, a quienes se agregaban otros
que, por ignorancia y aspiraciones, se dejaban halagar por este partido
desorganizador (así llamaba Ferré al Partido Unitario), contrariando sus
propios sentimientos con exaltación en los momentos en que el indicado general
cometió la felonía de que he hablado. (Recalco al lector que está leyendo las
memorias de un enemigo de Rosas). Sigue Ferré: “Empezaron por dictar leyes que
denominaron constitucionales, pasándolas al P. Ejecutivo para su promulgación. Me resistí a esto, porque no revestían la
forma legal ni llenaban los requisitos necesarios. Todos estos hechos
fueron publicados por la prensa, lo que me excusa su repetición; sin que pueda
dejar de hacerlo respecto de la Ley de premios dictada en esa misma ocasión. Por ella quedaban asignados al general
Lavalle, jefes y oficiales del ejército libertador cien leguas de terreno en
las costas del río Bermejo (estos angelitos unitarios no acrecentaban nunca
sus patrimonios cuando no podían hacerlo), que
debían ser distribuidas por el mismo general, reservándose diez leguas
cuadradas para él”. (Aquí debemos reconocer que el general Lavalle era
“menos ambicioso” que Rosas, pues se conformaba con algunas leguas menos,
porque no pudo obtener más).
Sigue Ferré: “El mérito de Lavalle para Corrientes no era entonces otro que
el que yo había hecho público en mi proclama de 5 de agosto, y ratificado en mi
mensaje, de manera que en su verdadero punto de vista, era éste un general
traidor sublevado; de ello empezó a dar muestras desde que pisó el Entre Ríos,
principiando por suprimir la proclama del gobierno de Corrientes a los habitantes
de aquella provincia, suplantándola con la de él. Después no hizo más que
sacrificar a los correntinos, víctimas de sus locos desvaríos, regando con
sangre todos los ámbitos de los pueblos del Plata, salvándose el resto a través
de las heladas cumbres de los Andes y de los peligrosos desiertos del Chaco. Igual área del mismo territorio me asignó la
misma Ley, a mí, al general Paz y a los jefes y oficiales del ejército de
reserva”.
Como se ha visto, en lugar de luchar por la “libertad”, perdían
“lastimosamente el tiempo” en repartirse las tierras públicas con el único y
deliberado objeto “de no acrecentar sus patrimonios”, porque ellos, los
unitarios, no eran como los vulgares federales que acrecentaban los suyos.
En cuanto al reparto de las tierras públicas, creo que para muestra, les ha
de bastar y sobrar a los calumniadores de Rosas, con ese solo botón.
Malversación de
los dineros públicos
En lo que se refiere a la malversación de los dineros públicos, es más que
significativo el silencio que guardan siempre los “historiadores” y escritores
“amantes de la verdad histórica”. La tinta nunca les alcanza para citarlas. Se
les rompe la pluma o pierden la memoria como por arte de encantamiento cuando
tropiezan con las malversaciones de fondos cometidas por el general Juan
Lavalle.
Como exordio y también para que no se crea que tratamos de inventar algo
contra el glorioso guerrero de la Independencia y héroe de Río Bamba, general
Lavalle, transcribiremos un juicio de un escritor extranjero que se destacó en
vida por su hidrofobia antirrosista. He nombrado a Paul Groussac. Este,
refiriéndose a la breve dictadura ejercida por el general Lavalle, después del
famoso motín de diciembre de 1828, dice lo siguiente:
“A la víctima ilustre de Navarro siguieron muchas otras y la sentencia
“legal” que precedió a las ejecuciones de Mesa, Manrique, Cano y otros
prisioneros de guerra, no borra su iniquidad…Delaciones, adulaciones, destierros, fusilamientos de adversarios,
conato de despojo, distribución de los dineros públicos entre los amigos de la
causa: se ve que Lavalle en materia de abusos – y aparte de su número
y tamaño – poco dejaba que innovar al sucesor. Sin comparar, pues, la
inconsciencia de uno a la perversidad del otro, ni una dictadura de seis meses
a una tiranía de veinte años, queda explicado el doble fenómeno del despotismo
creciente, por desarrollo natural, al par que el de su impresión decreciente en
las almas pasivas, de muy antes desmoralizadas por la semejanza de los actos,
fuera cual fuera la diferencia de las personas” (Ver: “Estudios de la Historia
Argentina”, pág. 204).
Con mucho acierto, don Alberto Ezcurra Medrano, tomando nota de las últimas
palabras de don Paul Groussac, ha dicho. “Dejando a un lado las sutiles
diferenciaciones entre “inconsciencia y perversidad, dictadura y tiranía”,
según se trate de Lavalle o de Rosas, nos parece ridículo pretender que en
veinte años se hubiesen cometido menos atrocidades que en seis meses. Sería
preciso ver lo que habría hecho Lavalle si hubiera tenido que gobernar veinte
años en las circunstancias en que gobernó Rosas. Y si nos atenemos
estrictamente a comparar los seis meses que gobernó Lavalle con seis meses
tomados al azar en el gobierno de Rosas, no creemos que el primero salga muy favorecido”.
“El año de su gobierno (el de Lavalle) ha sido el único de esa época
terrible en que, en la ciudad de Buenos Aires, las defunciones fueron
superiores a los nacimientos (4) y tan sólo en las elecciones del 26 de julio
hubo 76 víctimas entre muertos y heridos. Uniendo a esto las numerosas
deportaciones, resulta que ese año disminuyó la población de Buenos Aires,
hecho que no se registró durante la época de Rosas ni en el famoso año 40” (5).
Y volvemos al punto de partida: la malversación de los dineros públicos.
Después del “bochornoso motín”, como lo calificara el general don José
de San Martín, al movimiento revolucionario de diciembre de 1828 encabezado por
el general don Juan Lavalle, éste no trepida un solo instante en apoderarse de
los dineros públicos, y el 19 de agosto de 1829 dicta el edificante decreto por
el cual mandó entregar a sus compañeros de causa, los coroneles Suárez,
Olavarría, Vega, Martínez, Vilela, Medina, Quesada, Díaz, Thompson, Acha y
Maciel, la cantidad de 25.000 pesos a cada uno, “por la parte que han tenido en las disensiones civiles” y “teniendo en cuenta la necesidad de ponerlos
a cubierto de los sucesos venideros”. Eran en total 275.000 pesos, que el
general Lavalle tomó del exhausto tesoro de la provincia de Buenos Aires.
En esa forma el general Lavalle repartió y despilfarró un dinero que no era
suyo entre sus compañeros de causa o sus secuaces, dádiva que recibieron los
nombrados militares sin objeción alguna, colocándose así a la altura de jefes
de bandas mercenarias.
Para estos edificantes hechos, los “historiadores” y escritores “amantes de
la verdad histórica” no tienen una sola palabra de censura y si por casualidad
llegan a ocuparse del asunto, lo califican como “pequeños errores” del general
Lavalle.
Como se ha visto, el general Lavalle no era hombre que perdiera el tiempo
en pequeñas minucias. Iba a lo grande, pues para eso luchaba por la “libertad”.
Las
expediciones al desierto. Sus premios
Con motivo de la expedición al desierto que llevó a cabo don Juan Manuel de
Rosas, en el año 1833, la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia de
Buenos Aires, premió a Rosas otorgándole en donación la isla de Choele-Choele,
por sus servicios en la empresa de asegurar y extender las fronteras. “Pero
Rosas se negó a aceptarla, alegando que esta isla, por su posición y su
importancia, jamás debía salir del dominio de la Provincia; en vista de lo cual
la legislatura le acordó un premio en tierras”, consistente en sesenta leguas
de campo.
Este hecho ha escandalizado a los detractores de Rosas. Es para ello un
acto que no tiene nombre. “Nunca se ha visto en el país osadía semejante: donar
tierra por una expedición al desierto”. Sucedió así, porque Rosas “tenía
cámaras compuestas por representantes que eran unos serviles”.
Es interesante que el lector sepa que, a pesar “de la ley de 6 de febrero que autorizaba al
Poder Ejecutivo para negociar un crédito de un millón de pesos moneda corriente
a objeto de costear los gastos de la expedición (de Rosas), afectando a su
cargo la tierra pública, y asignando para el servicio de los intereses un
impuesto de doce reales que pagaría cada cabeza de ganado introducida para el
consumo y saladeros, el comandante en jefe de la división izquierda recibió una
nota del ministerio de la Guerra en la que se le comunicaba que el
gobierno no podía proveerla de vestuario, municiones, pertrechos, caballadas ni
ganado para el consumo, y previniéndole que por consiguiente no podía él girar
sobre el ministerio de Hacienda, para lo cual se le había autorizado
anteriormente”.
Advertimos “que ni el sueldo de general se le abonaba a Rosas, pues en las
listas de la plana mayor del ejército de la izquierda no figura el nombre de
ese jefe a los efectos de la revista de comisario, según se acredita por el
informe que expidió el Archivo General. No
obstante todo esto, Rosas fijó su resolución de hacer la campaña con sus
recursos propios y con los de sus amigos”. Esto es ocultado cuidadosamente
por los difamadores de Rosas.
Transcurren los años. Con el andar del tiempo otro ilustre argentino
realiza una nueva expedición al desierto con toda clase de recursos: el general
Julio Argentino Roca.
En el año 1879 “la misma legislatura de Buenos Aires (que ya no tenía
diputados serviles) donó veinte leguas de
campo al general Julio A. Roca”, por su expedición al desierto y en su calidad
de jefe de la misma. En torno a este hecho, los “amantes de la verdad
histórica”, guardan un llamativo silencio. Sólo Rosas aparece recibiendo
premios.
Y es digno de hacer resaltar que el general Julio A. Roca, al comentar la
expedición al desierto realizada por don Juan Manuel de Rosas, decía lo
siguiente: “A mi juicio, el mejor sistema de concluir con los indios, ya sea
extinguiéndolos o arrollándolos del otro lado del Río Negro, es el de la guerra
ofensiva, que es el mismo seguido por Rosas, quien casi concluyó con ellos”.
Como se ha visto, el general Julio A. Roca aconsejaba utilizar el sistema
que emplearon “los bárbaros” en la conquista del desierto.
¿Y cuál es el fallo de la posteridad y la opinión de los detractores de
Rosas? Para la expedición al desierto llevada a cabo por el general Juan Manuel
de Rosas: un monumento: la diatriba de sus enemigos.
Para la expedición al desierto realizada por el general Julio A. Roca: un
monumento que se levantará próximamente, en el Sur de la República.
¿Y para las otras campañas al desierto? Otro monumento: el del silencio,
coronado con el olvido absoluto de los nombres de las personas que las
realizaron (6). ¿Es esto justicia? ¿Es esto imparcialidad?
Notas
1) Hasta ahora no conocemos los nombres de “los miles” de personas a
quienes Rosas les confiscó sus bienes ni la nómina completa de los últimos.
Precisamente, el 20 de mayo de 1835, don Juan Manuel de Rosas, por decreto de
la fecha: “declara abolida, sin excepción alguna, la confiscación de bienes”.
En septiembre de 1840, decretó el embargo de bienes de sus enemigos, que es
cosa bien distinta, por cierto.
¿Dónde están esas listas? ¿Dónde pueden consultarse? Porque una cosa sería
la literatura y otra la verdad histórica.
2) Osvaldo
Saavedra. “Rosas y su tiempo”. Revista de Derecho, Historia y Letras, año X, tomo
XXVIII, páginas 432 a 454. “Rosas limitaba la confiscación al usufructo de los
bienes de los revolucionarios a favor de los servidores del gobierno”, que es
cosa muy diferente a la verdadera confiscación de bienes. “En cambio, triunfante los revolucionarios, le impusieron de hecho la
misma confiscación que les parecía una iniquidad aplicada de derecho”.
3) Ernesto
Quesada. “Acha y la batalla de Angaco”, páginas 155 a 158.
4) Eliseo F.
Lestrade. “Rosas. Estudio sobre la demografía de su época”. “La Prensa”, noviembre 15 de 1919.
5) Alberto Ezcurra
Medrano. “Las otras tablas de sangre”.
Ensayo sobre el terror unitario. Pág. 17.
6) Laureano
Olascoaga. “Algunas verdades históricas sobre la conquista al desierto”. “Las
campañas contra los indios no son solamente las realizadas por el general Juan
Manuel de Rosas en 1833 y la de 1879 por el general Julio A. Roca: hay muchas
otras que pueden calificarse como tales”. Pág. 6.
* Revista del Instituto de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas n° 6, Buenos Aires, 1940.
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